Joan Leyba

Joan Leyba

El diputado Gustavo Sánchez, ha presentado a la opinión pública un anteproyecto de ley que tiene por objeto, fundamentalmente; la prohibición del uso de uniformes o distintivos alusivos al quehacer doméstico en centros comerciales y otros lugares públicos ajenos al espacio donde se realiza la labor para la que fue contratado el personal de servicios. Todo ello, con el fin de impedir la exposición de la condición de  servidumbre ante particulares y evitar consecuencias de degradación moral  y sancionar la indignidad a la que son sometidas las trabajadoras del hogar.

El proyecto tiene como base la protección y garantía los de derechos fundamentales de la persona y persigue que se cumpla lo establecido en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, amparado por el artículo 74, de nuestra Constitución en su numeral (3) el cual establece que:  " Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos...". Visto desde ese punto, el sistema estatutario universal, vinculante a nosotros por el bloque de constitucionalidad, otorga razón inapelable a ese anteproyecto, que a juicio de este humilde servidor; es justo, acorde a los tiempos y loable.

De aprobarse este proyecto y ser convertido en ley , se estaría saldando una deuda histórica con el personal de servicio doméstico, sometido por sus contratantes, a situaciones de vulnerabilidad de sus derechos y se detendría definitivamente, la inobservancia constante y flagrante de la Función esencial del Estado, establecida en su artículo (8) que busca: "la protección efectiva de los derechos de la persona y el respeto de su dignidad".. Sin duda, pisoteada por aquellos que juegan a ser reyes y se mofan con sus actos, de la condición de vulnerabilidad social y económica de sus empleados.

Nuestro Estado consagra como un derecho fundamental la dignidad del hombre, esa por la que apela sea protegida dicho proyecto. Así lo ha expresado el legislador en el artículo 38 de nuestra Carta  Magna "El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona... La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos". Asegurar mediante una herramienta legal la protección efectiva de ese derecho, repara el daño cometido por años en contra de las domesticas y su familia.

Otro factor a tomar en cuenta de este anteproyecto de ley, se encuentra en el considerando Quinto del mismo, el cual toca profundamente aspectos sensibles del ser humano y resalta la posibilidad  de que existan por la exposición de su condición de domestica: "sentimientos de inferioridad y marginalidad respecto al resto de las personas". Situación está, que somete a un régimen de segregación a un individuo por sus condiciones económicas e intelectuales, así como todas las demás razones que confluyen en este caso, y las coloca en un estado indefensión en un país de presumidos, que apenas reconocen la pluralidad como un evento normal dentro un sistema socioeconómico imperfecto. 

Me identifico y apoyo esta este proyecto de ley que: promueve, protege y garantiza derechos fundamentales de las personas del servicio y penaliza la discriminación de las mismas, por razones de pobreza. Me uno con mi pluma, a los esfuerzos del congresista a sabiendas de que aun hay quienes entienden que vivimos en tiempos de la esclavitud y lucharan por mantener estampadas con uniformes ridículos al personal de servicio, juagando a tiempos señoriales y pretendiendo por su posición social ventajosa, esclavizar a aquellos, cuya única diferencia es haber nacido en condición de desigualdad, marginalidad y extrema pobreza. 

Tomar decisiones sin lugar a dudas es unas de las características más interesantes que posee el hombre en democracia, incluso en las de este tipo, de todos conocido como frágil y endeble. La libre elección está íntimamente ligada a este aspecto, en donde el hombre como sujeto activo dentro del marco regulatorio de las sociedades, posee el absoluto privilegio de establecer por medio del sufragio, quien o quienes en un momento especifico de la historia y por las razones que fuere, le corresponde dirigir los destinos de su comunidad o toda la nación. De ahí, que obligar a todo un conglomerado a aceptar como posible autoridad a personas elegidas por minorías representadas dentro de los partidos políticos, constituye un duro golpe a la libertad de elegir.

Por ello el constituyente dominicano, adaptando nuestra Norma Fundamental a los nuevos tiempos, establece en el  numeral 1 del artículo 22 como un derecho constitucional: Elegir y ser elegibles. Más contundente aun, cuando el ordenamiento normativo general en su artículo 216, numerales 1 y 2 en referencia a los Partidos Políticos, establece que sus fines son: “Garantizar la participación de los y las ciudadanas en los procesos políticos… Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y la manifestación de la voluntad ciudadana…”. De modo que no existiendo otra condición para poder elegir libremente una candidatura a lo interno de dichas estructuras, la elaboración y aprobación de la ley de Partidos Políticos, no debe bajo ningún concepto estar sujeta a la confección de un tipo de padrón. 

Las primarias en los partidos son la antesala de las elecciones de carácter general y al igual que estas deben ser cónsonas con todas las garantías existentes para el establecimiento de la selección de las autoridades competentes y el respeto a la constitucionalidad. En ese sentido es más que obvio que aquellos que abogan por unas primarias con padrones cerrados en donde la ciudadanía, pocas veces involucradas en asuntos internos de los partidos, no tenga la oportunidad de decidir por las personas que deben asumir dichas candidaturas; por lo general están desconectados de las masas y solo pueden acceder a cargos públicos por las influencias que ejercen dentro de sus estructuras partidarias.

Un Padrón “cerrado” como su nombre lo indica, pone múltiples obstáculos para aquellas personas que aunque tengan una militancia activa en sus partidos, poseen un vinculo estrecho con su núcleo social y gozan por su liderazgo, de amplias simpatías en el seno de la comunidad, pero con la desdicha de ser desafectos a ciertas autoridades a lo interno de esas instituciones, situación que limita su nominación al cargo, por no contar con la “Militancia”. Inobservado que la dinámica social se ha encargado de demostrar que la categoría de militante en los partidos se ha ido desvaneciendo y que en la actualidad solo se cuenta con dirigentes y simpatizantes. Siendo estos últimos un gran grupo social desligado del quehacer partidario pero con grandes incidencias en la selección de las autoridades, a los que no se les puede mutilar un derecho de tanta trascendencia en democracia.

Si por alguna razón, existe la legítima sospecha de que una ley de Partidos que estatuya primarias abiertas, deje una brecha para que se elijan candidatos que sean de interés para la competencia, es porque hasta ahora es cuando se exige que sea el Órgano Electoral quien de manera simultánea realice y regule, como en efecto debe hacerlo, todo el proceso para la selección de candidaturas internas y así dotarlo de legalidad y legitimidad. Con lo que sin temor a equivocarnos; se despejaran las dudas y se garantizará primero: el derecho de elegir y ser elegible, la aceptación de resultados, así como la veracidad y autenticidad de las primarias. Y evitaría en todo caso, el desprendimiento de segmentos importantes de los partidos por la desconfianza que ha imperado históricamente, cortando de raíz el denominado transfuguismo.

Nuestra constitución no deja espacios a la interpretación de la capacidad facultativa de decidir que posee todo ciudadano que cumpla como ella misma lo establece; los requisitos que determinen la ley. Una ley que no puede  estar sujeta a los caprichos de aquellos que temen someterse al dictamen de las mayorías y solicitan al dominicano renunciar a un derecho elemental como es el de elegir. Ese, que nos ha costado años de lucha, sangre y sudor, con el que hemos construido nuestra débil pero necesaria e irrenunciable libertad. Como diría uno de los más fieros defensores de los derechos colectivos “Renunciar a nuestra libertad es renunciar a nuestra calidad de hombres, y con esto a todos los deberes de la humanidad” -Jaque Rousseau-  . Por ende, decidir sobre las candidaturas de los partidos es un derecho de  todas y todos. Al fin y al cabo sin la aprobación de los ciudadanos, no serán más que vagas aspiraciones políticas.

Periódico Digital, Desde Santo Domingo, República Dominicana

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