Más de 200 organizaciones civiles nacionales e internacionales exigieron a través de un pronunciamiento la destitución e inhabilitación inmediata del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por su responsabilidad en el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez.
Las organizaciones presentaron un documento en que puntualizan sus exigencias al Gobierno federal, al INM, al Congreso de la Unión y al Gobierno municipal de Ciudad Juárez para mejorar el trato que reciben extranjeros en movilidad en territorio nacional y se detenga su criminalización.
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Enfatizaron que lo ocurrido en la estancia migratoria, donde la cifra de muertos ya aumentó a 40, es responsabilidad del gobierno federal y es reflejo de la ausencia de protocolos y una política de Estado para garantizar los derechos y protección de personas migrantes y solicitantes de asilo.
Las organizaciones señalaron que se desconoce cuántas personas estaban al momento del incendio, pero si se sabe que estaba con sobrecapacidad.
“Las autoridades continúan utilizando términos como “alojamiento” o “albergue” para referirse a la detención y privación arbitraria a la libertad en las “estancias” migratorias, respectivamente, el INM categoriza los espacios con diferente nombre pero la finalidad de todos es la misma, privar de la libertad a personas en situación de movilidad.
“El uso de eufemismos por parte de la autoridad intentan minimizar la grave situación de lo acontecido y evadir la responsabilidad al INM sobre el manejo de sus instalaciones y de protección que tienen que brindar a quienes están bajo su custodia”, indicaron.
Las estaciones migratorias, estancias provisionales y demás lugares habilitados bajo la Ley de Migración, aseveraron, son en realidad centros de detención donde las personas se encuentran privadas de la libertad, incomunicadas, hacinadas y encerradas con candados.
Reclamaron que al afirmarse que lo sucedido es consecuencia de una protesta o motín es especular y revictimizar.
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En septiembre de 2022 recordaron que se hizo una visita a estas instalaciones en Ciudad Juárez por parte de organizaciones de sociedad civil y se denunciaron las condiciones de privación de libertad y hacinamiento en las que se encontraban las personas al interior de la estancia provisional, así como una práctica sistemática de detención, disuasión y deportación.
“El espacio físico en el que se mantenía a las personas migrantes era reducido y sin ventilación. Organizaciones que tienen base en la entidad y realizan visitas regulares, han documentado la falta de atención médica y acceso a agua potable, incomunicación y desinformación para disuadir a las personas para no solicitar asilo”, apuntaron.
Puntualizaron que en el caso de la organización Uno de Siete Migrando se le restringió el ingreso durante todo 2022 a pesar de tener autorización nacional para entrar a documentar las condiciones en las que se encuentran los espacios y las personas en situación de movilidad.
EAM
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