El Gobierno federal inhabilitó o destituyó a 340 funcionarios en un año por presuntos actos de corrupción cometidos en la administración de la cuarta transformación.
Durante el mismo periodo se recibieron 22 mil denuncias por irregularidades en el ejercicio de la función pública, con un saldo de 309 procesos sancionatorios abiertos y la detección de 697 casos graves, según el Cuarto Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La cifra global significa un aumento de mil 772 quejas más; es decir, 8.69%, respecto al periodo de 2020 a 2021, en el que llegaron 20 mil 391 a los diferentes órganos de control; sin embargo, el Tercer Informe no cuenta con el nivel de desglose para comparar las sanciones y destituciones.
Del total de denuncias recibidas en el periodo 2021-2022, 13 mil 194 expedientes de procedimientos se calificaron como faltas no graves, de las cuales 2 mil 30 se encuentran en trámite y 11 mil 164 fueron concluidas.
El desglose indica que, de los casos concluidos, en 340 se han “impuesto sanciones correspondientes a inhabilitaciones y destituciones de los cargos públicos, en 10 mil 533 no se aplicó sanción y en 291 casos se determinó improcedencia de la sanción por prescripción y porque no se acreditó la conducta imputada con motivo de las manifestaciones y pruebas ofrecidas”.
De acuerdo con el Cuarto Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, se concluyeron otras 4 mil 497 investigaciones, de las cuales 309 derivaron también en procedimientos de responsabilidades administrativas sancionatorias; sin embargo, no se detalla cuáles fueron los castigos impuestos.
El documento señala que las indagatorias detectaron como conductas recurrentes el “incumplimiento de leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas, así como de funciones, atribuciones y comisiones encomendadas; descuido o falta de atención en el cumplimiento de las obligaciones; abuso de funciones, y abuso de autoridad”.
FALTAS ADMINISTRATIVAS
A su vez, se detalla que se abrieron otros 697 expedientes de procedimientos de responsabilidades administrativas por faltas administrativas graves, cuya resolución corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aunque no desglosa en qué dependencias ocurrieron esos presuntos actos de corrupción ni cuántos recursos están involucrados.
El Cuarto Informe resalta que en el combate a la corrupción “se promovió la implementación de esquemas de contraloría social y de fortalecimiento de la integridad en el sector privado, con lo que se robustece la vigilancia del desempeño gubernamental, así como del ejercicio de los recursos públicos por la sociedad mexicana”.
Las acciones emprendidas por el Gobierno federal, indica el documento, han permitido “transformar la rendición de cuentas en una forma de vida en la que las personas servidoras públicas se encuentran permanentemente abiertos al escrutinio de la población; lo cual propicia, a su vez, una interacción más cercana entre los distintos sectores de la sociedad”.
Sobre ese rubro, el presidente López Obrador indicó, durante su discurso con motivo del Cuarto Informe, que “la corrupción no se tolera ni hay impunidad para nadie, no hay lujos en el gobierno y los servidores públicos actúan con eficiencia”.
LEG