El fiscal general de justicia de Campeche, Renato Sales, citado para comparecer hoy ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no asistirá por la convocatoria hecha por este órgano legislativo fue ilegal, aseguró el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier.
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Además, explicó que el citar a un funcionario a comparecer es una atribución exclusiva de la Conferencia para la Organización de los Trabajos Legislativos que la integran la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política.
“Somos los únicos que tenemos la atribución para poder citar a comparecer a cualquier funcionario.
“Segundo, y es lo más importante, no fue una sesión legal, la sesión ordinaria que fue convocada por el presidente de la Comisión de Vigilancia carece de legalidad, no había quórum y eso también lo tiene que dirimir la Mesa Directiva a través del informe que emita la dirección de asuntos parlamentarios; de tal manera que no va a asistir, porque no puede asistir a un acto que fue ilegal, que está fuera de la normatividad del reglamento de la Cámara de Diputados”, dijo Mier.
Afirmó que la convocatoria a Sales obedece a una necedad política de del diputado Pablo Angulo quien preside la Comisión de Vigilancia de la ASF y quiere ayudar a su amigo Alejandro Moreno (PRI).
“Y eso está bien, a un amigo de él que fue su jefe, que lo ha tutelado toda su carrera política y que él, en honor a esa amistad, a ese cariño, aprecio que le tiene, pues tuvo que recurrir a esta práctica para quedar bien con el diputado Alejandro Moreno, esa es la realidad.
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“Entonces, no debe sorprendernos, también; quería ayudar a su amigo, utilizó un camino que no era el de la legalidad, y bueno, pues no existió la sesión, como no hubo sesión legalmente, pues no hubo citatorio”, apuntó.
Sobre el amparo que tramitó el fiscal de Campeche para no asistir, el líder de los diputados federales morenistas explicó que el funcionario desconoce los procedimientos de la Cámara y pensó que su citatorio era legal.
Sales fue citado para esclarecer el destino de equipo de espionaje por un monto de 807 millones de pesos y que motivó observación de la ASF a la cuenta pública de 2015 a 2019.
GR