La violencia en el país transmite una mala imagen ante los potenciales inversionistas, de acuerdo con Ignacio Manjarrez, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Coparmex.
“Un inversionista no va a crecer su negocio por el temor de la inseguridad. Un inversionista extranjero no va a invertir en un país donde no se respete el Estado de Derecho y no se cuide la parte de la seguridad. Eso nos resta competitividad como mexicanos con la inversión local o nacional o con inversión extranjera”, indicó.
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Agregó que la inhibición de potenciales inversiones merma la posibilidad de generar más empleo: “Eso también genera mercados informales porque la gente tiene que llevar el sustento a sus casas, y es un círculo que ya estamos viviendo y si no se atiende el problema de inseguridad, a la larga será un caos todavía mayor”.
Tras los hechos violentos que se vivieron hace dos semanas en al menos cinco entidades del país, la Coparmex consideró que no hay un sistema de prevención de seguridad que sea lo suficientemente efectivo para protegerse de las nuevas modalidades de ataques.
Si bien las empresas se valen de herramientas como alarmas, cámaras de vigilancia, dispositivos GPS, contratación de seguros y/o personal de seguridad privada, los actos de violencia contra la población y los negocios superan cualquier medida de seguridad que pudiera implementar, consideró .
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“Lo que tiene que ver con un robo o un asalto, pongo alarmas, cámaras de seguridad, guardias de seguridad, pero ya contra esto, es otro nivel que no se puede minimizar con los comentarios que hizo nuestro primer mandatario”, apuntó.
La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó los ataques con el argumento de que es falso que impidan la gobernabilidad, y aseveró que sus opositores quieren usar el tema para crear una percepción de inseguridad y afectar a su Gobierno.
El empresario de Coparmex dijo que se requiere fortalecer las instituciones y las leyes para lograr un Estado de Derecho en el país con el objetivo de garantizar el desarrollo social y económico de las personas y las empresas.
Sobre el impacto a las inversiones, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró la semana que “es tiempo de resultados en seguridad”, pues las consecuencias tienen un impacto “gravísimo” para ambas naciones relacionadas comercialmente.
“Con la inseguridad sí se enfría la inversión de Estados Unidos y de otros países aquí en México, y eso es lo contrario de lo que debería de pasar bajo del sueño del T-MEC. Debería de haber más inversión, pero la inseguridad es un factor grande para los empresarios”, expresó.
Entre enero y julio de 2022 se reportaron un millón 246 mil 566 actos delictivos, un incremento de 5.6% a tasa anual, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La cifra negra, aquellos delitos que ocurren, pero no se denuncian, es otro tema. Tan sólo en 2020, únicamente se denunció el 10.1%, de los cuales en el 66.9% de los casos se inició una carpeta de investigación.
La inseguridad cuesta
Los hechos delictivos tienen costos monetarios pues, además de los gastos que en ocasiones tienen que realizar los empresarios para prevenir o reparar los daños, también se incluyen aquellos relacionados con las extorsiones, el delito más frecuente que sufren las organizaciones, según datos del Inegi.
El dato más reciente que se dispone en el instituto señala que para 2019 la pérdida monetaria de las empresas a consecuencia de haber sido víctima de uno o más delitos ascendió a 225.9 mil millones de pesos, es decir, 1.2% del PIB.
“Cada vez nos cuesta más a las empresas protegernos, es un costo que al final del camino repercute en los precios de los productos. Un empresario no va a poder absorber eso porque todo eso le cuesta y de alguna manera tiene que repercutirlo en los precios de su producto”, indicó Ignacio Manjarrez.
LEG