El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda demanda de Controversia Constitucional en contra del Plan B de la reforma electoral.
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El organismo busca que la Corte analiza la constitucionalidad del Decreto por el que se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo.
Según un comunicado, las áreas técnicas detectaron un cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales.
El recurso interpuesto se suma a la Controversia Constitucional presentada por el INE el pasado miércoles 1 de febrero, en contra del decreto por el que se reformaron las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
“Se solicita al máximo tribunal del país que otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía”.
La controversia está basada en cuatro ejes de inconstitucionalidades, como la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, en la que el “instituto somete a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diversas violaciones graves al procedimiento legislativo que, en franco fraude a la ley, impactaron en la calidad democrática de la reforma, pues dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria”.
Otra de las vulneraciones es a “la autonomía e independencia del Instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo. El INE demanda la invalidez de gran parte de la reforma, derivado de las violaciones constitucionales que afectan su autonomía, independencia, así como la invasión a su esfera competencial”.
También se trastoca la “equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales, ya que esta reforma contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas”.
Otro de los puntos es la afectación a “de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma. En este recurso, se hacen valer una serie de agravios por el desmantelamiento de la estructura orgánica y la afectación a los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85% de las plazas del Servicio Profesional Electoral”.
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El INE manifestó que “tiene plena confianza en que con el análisis constitucional que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación se restaurará el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma”.
RM
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